Descubren los cuerpos de los cuatro niños secuestrados en Ecuador: asesinato y quema conmocionan al país | EL PAÍS América

Durante semanas, Ecuador no anheló otra cosa que la aparición con vida de los cuatro niños que el 8 de diciembre fueron detenidos por una patrulla militar. Desde ese momento, desaparecieron sin dejar rastro. Este 31 de diciembre, cuando el país ya se preparaba para despedir el año, la esperanza se desvaneció. A pocas horas de la medianoche, se confirmó la trágica noticia: los restos incinerados encontrados en una zona pantanosa de Taura pertenecen a Steven Medina (11 años), Nehemías Arboleda (15), y los hermanos Ismael (15) y Josué Arroyo (14). La indignación y el desasosiego, que habían sido la constante durante este tiempo, se intensificaron con la confirmación oficial de que los niños fueron asesinados y sus cuerpos, incinerados.

El dolor se materializó en un grito desgarrador que silenció de golpe la protesta social que se llevaba a cabo esa mañana frente al edificio judicial, al sur de Guayaquil. La Fiscalía había dado la noticia a los familiares: los análisis periciales no dejaban duda. No estaban vivos. La desaparición, que durante 23 días alimentó la exigencia de justicia, se transformaba en una pesadilla irreversible para sus familiares. La Asamblea ecuatoriana ha declarado tres días de luto y ha exhortado al Gobierno de Daniel Noboa a ejercer todo el peso de la ley por el crimen de los menores.

Pocos minutos antes de esta fatídica revelación, un centenar de personas había irrumpido en las afueras del complejo judicial, reclamando a gritos: “¡Los entreguen vivos!” Habían llegado temprano para vigilar la audiencia de formulación de cargos contra los 16 miembros de la Fuerza Aérea de Ecuador involucrados en la desaparición forzada de los menores. En la sala de audiencias, el juez Deniss Ugalde aceptó la solicitud de la Fiscalía y procesó a los militares por desaparición forzada, un delito que, según la ley ecuatoriana, puede conllevar penas de hasta 26 años de prisión. El magistrado dictó prisión preventiva durante 90 días, tiempo en el que se investigará el caso.